Con una estrategia diversificada de inversiones en diferentes tipos de activos, la Gestora identifica los mayores problemas globales (temas) relacionados con la protección y la promoción de la dignidad humana para realizar la inversión de impacto y las alinea con el o los ODS correspondientes.

Para seleccionar las inversiones, la Gestora tiene en cuenta una serie de criterios de sostenibilidad, tanto valorativos (se valora positivamente una inversión si destacan sus características ASG) como excluyentes (se excluye una inversión del universo de inversión si sus características ASG son incompatibles con el objetivo sostenible que tenga cada producto):

Se excluye la inversión en aquellos emisores cuyas actividades no respeten la lista de actividades prohibidas por la International Finance Corporation (IFC) dependiente del Banco Mundial: (i) construcción de presas con elevados efectos adversos en ecosistemas y personas (ii) Producción o comercio de cualquier producto o actividad considerada ilegal en virtud de las leyes o reglamentos del país anfitrión o de los convenios y acuerdos internacionales, o sujeta a prohibiciones internacionales (iii) proyectos que supongan el desplazamiento de más de 5.000 personas, (iv) aquellas que impacten en zonas naturales declaradas Patrimonio de la Humanidad o parques nacionales o protegidos por la ONU (v) extracción o infraestructuras que impacten en otras áreas protegidas o naturales (vi) producción o comercio de materiales radioactivos, excepto compra de equipos médicos o de control de calidad o fibras de amianto (vii) prácticas de pesca que dañen a especies protegidas o a la biodiversidad, (viii) Producción o actividades que impliquen formas perjudiciales o de explotación de trabajo forzado/trabajo infantil (ix) proyectos en compañías que infrinjan legislación local en determinadas materias (x) producción o comercio de armas y municiones, determinadas bebidas alcohólicas, tabaco juegos de azar o casinos (xi) proyectos o compañías participadas o controladas mayoritariamente por el gobierno del país salvo que esté en proceso de privatización (xii) prácticas monopolísticas ilegales (xiii) proyectos o compañías que apoyen a gobiernos que infrinjan los derechos humanos (xiv) proyectos o compañías que desarrollen determinadas prácticas de planificación familiar no voluntarias (xv) producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes significativos de productos químicos peligrosos, o uso a escala comercial de productos químicos peligrosos (xvi) la producción o las actividades que afectan a las tierras que pertenecen a los pueblos indígenas, o que son reclamadas en virtud de una adjudicación, sin el pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.

Además, si una inversión potencial obtiene una puntuación en la herramienta interna de medición IBIST® (cuyo funcionamiento se desarrolla más adelante en esta política) inferior a 60%, se considera que no cumple con los requisitos mínimos de impacto exigidos por cada fondo, y quedaría excluida del universo de inversión.

Se realizan inversiones de impacto que contribuyan positivamente al menos a uno de los objetivos de impacto que tenga definido cada producto. Estas inversiones tienen que demostrar ser aceptables en tres dimensiones distintas:

Para valorar el impacto de las inversiones, la Gestora ha desarrollado un sistema de medición de impacto, la herramienta IBIST®, que permite analizar cada inversión desde el punto de vista del impacto social y medioambiental, de manera continua desde la fase previa a la inversión y mientras la inversión se mantenga en cartera, y además permite identificar cómo ese impacto puede mejorar a lo largo del tiempo. 

La herramienta IBIST® se basa en 67 indicadores objetivos y subjetivos y calcula una puntuación de 0% a 100% para cada una de las inversiones (directas e indirectas). Cuanto mejor sea la puntuación obtenida en IBIST®, mejor es una inversión desde el punto de vista del impacto.

Con el objetivo dual de medir e incorporar los riesgos de sostenibilidad, y de gestionar las Principales Incidencias Adversas (PIAs) a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones de inversión, además del IBIST®, la Gestora cuenta también con una herramienta ASG creada internamente. Esta herramienta, que utiliza datos propios y de terceros, analiza la materialidad (relevancia) y el riesgo ASG para cada inversión en relación con 32 factores ASG. Los resultados de esta herramienta permiten a la Gestora identificar los principales impactos negativos de cada inversión, reales o potenciales, y tomar medidas para detenerlos, prevenirlos o mitigarlos, asegurándose así de que, en ningún caso, daña significativamente ningún objetivo sostenible. Esas medidas pueden llegar a incluir la toma de decisiones de desinversión parcial o total.

Además, como parte del proceso de debida diligencia la Gestora analiza en profundidad todas las prácticas de buen gobierno de las inversiones subyacentes. El buen gobierno está muy relacionado con el concepto de intencionalidad, que la Gestora analiza y califica con su herramienta IBIST®. Algunas de las variables que son objeto de estudio por la Gestora son la política de remuneraciones, las relaciones entre empleados, las políticas de diversidad e igualdad o la estructura de los órganos de decisión en la compañía.

Antes de ejecutar cada inversión, la Gestora hace un estudio del análisis del impacto esperado de dicha inversión, analizando en detalle las actividades que se van a financiar y sus efectos en las comunidades, e incluyendo una explicación de cómo se espera que la inversión contribuya al objetivo de inversión sostenible y de cómo no dañará significativamente a ningún otro objetivo sostenible. Si en este análisis se identificara que la inversión dañaría significativamente algún objetivo sostenible, dicha inversión no se llevaría a cabo. Adicionalmente, en alguno de los vehículos de inversión de la Gestora existen objetivos contractuales de impacto o Impact Covenants, que se determinan en ese proceso de análisis.

En las inversiones realizadas, la Gestora proporciona apoyo financiero, así como consejo acerca de cómo medir y mejorar el impacto que estas inversiones producen. Al analizar dicho impacto, la Gestora comparte las conclusiones de este análisis con los emisores en los que invierte (directa o indirectamente), dándoles herramientas para mejorar en su impacto y sus reportes.

Se produce así un diálogo abierto con todas las IIC y emisores en los que invierte en relación con sus respectivos factores ASG, con el objetivo de que haya mejoras en estos factores. Este diálogo es continuo e incluye el envío de cartas anuales en las que la Gestora ofrece recomendaciones de mejora concretas en factores de sostenibilidad que la Gestora identifica a raíz de resultados obtenidos con su herramienta IBIST®.  

Por otra parte, cuando se invierte a través de IIC con forma societaria, la Gestora tiene una participación en las decisiones de gobierno corporativo de estas IIC mediante voto activo (“proxy voting”), teniendo en cuenta las PIA y otras cuestiones ASG en dichas decisiones de voto.

Las Principales Incidencias Adversas son entendidas como aquellos impactos de las decisiones de inversión que puedan tener efectos negativos sobre los factores de sostenibilidad.

Divulgaciones de información en materia de sostenibilidad
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Actualmente, Impact Bridge Asset Management SGIIC, S.A. ("Impact Bridge"), a nivel Sociedad Gestora, no tiene en cuenta las principales incidencias adversas (PIAS) sobre los factores de sostenibilidad en las decisiones de inversión, al no disponer de políticas de diligencia debida en este aspecto. La Sociedad Gestora evaluará esta decisión en el medio o largo plazo, en función de la evolución de las necesidades del mercado, de la propia compañía, y de la regulación aplicable.

Sin embargo, Impact Bridge gestiona las Principales Incidencias Adversas en sus fondos, incluyendo en su proceso de inversión una serie de medidas que se basan en tres pilares importantes:

La primera medida para disminuir las PIAs es el seguimiento de la lista de exclusión de la International Finance Corporation (IFC). Es decir, Impact Bridge no financia proyectos con las siguientes características:

Además de la lista de exclusiones de la IFC, aplicamos las siguientes exclusiones:

En el año 2020, Impact Bridge se adhirió a los Principios para la Inversión Responsable (PRI), una iniciativa de la comunidad inversora promovida por Naciones Unidas que tiene como objetivo último contribuir al desarrollo de un sistema financiero más estable y sostenible, gracias a la implementación de los seis principios definidos:

Estos principios son parte importante de nuestro modelo de inversión.

A través de sus vehículos, Impact Bridge se compromete a realizar su actividad en el estricto cumplimiento de la normativa aplicable y de acuerdo con los más altos estándares éticos y de conducta profesional, entre otros:

Por último, Impact Bridge es signatario de los Operating Principles for Impact Management (OPIM):

Impact Bridge tiene un compromiso con la transparencia y la transmisión de información sobre los procedimientos, resultados y planes relativos a los procedimientos de diligencia debida implementados para el desarrollo de su actividad de gestión de activos. El artículo 4 del Reglamento (2019/ 2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en adelante, el “Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles”) establece la obligación de informar sobre las políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas, dándose cumplimiento a través de la presente Declaración

La Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable recomienda que las empresas lleven a cabo la debida diligencia en función del riesgo para evitar y abordar estos impactos negativos asociados a la toma de decisiones de inversión en la gestión de activos.

Impact Bridge tiene establecidos procesos de diligencia debida en función del riesgo para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo se abordan estos impactos negativos. En el ámbito de la gestión de activos, Impact Bridge tiene la oportunidad no sólo de evitar incidencias adversas sino además de facilitar el cambio a través de sus políticas de diálogo y de voto activo, en los casos en los que resulte aplicable. Por ello, la debida diligencia existente en su conducta empresarial se ve reforzada también en el ámbito de las decisiones de inversión a través de medidas de diligencia debida específicas.

La debida diligencia contribuye a anticipar, prevenir o mitigar las incidencias adversas. En algunos casos, la debida diligencia puede ayudar a decidir si continuar o no con las actividades o las inversiones como último recurso, bien porque el riesgo de un impacto negativo sea demasiado alto, o porque los esfuerzos de mitigación no hayan tenido éxito.

Teniendo en cuenta que la debida diligencia debe ser proporcional al riesgo y adecuarse a las circunstancias y al contexto de una empresa concreta, en el proceso de toma de decisiones de inversión de Impact Bridge se siguen los siguientes principios:

Para valorar el impacto de las inversiones, la Sociedad Gestora ha desarrollado un sistema de medición de impacto, la herramienta IBIST®, que permite analizar cada inversión en este sentido, para así  hacer un adecuado seguimiento del cumplimiento de estos principios con una periodicidad recurrente. En la práctica, el proceso de debida diligencia es continuo, iterativo y no necesariamente secuencial, ya que se pueden desarrollar varias etapas simultáneamente con resultados que se retroalimentan entre sí.